
Chicos que caminan hasta 6 kilómetros de tierra para llegar a la escuela, otros que tienen que atravesar montes y cuestas con frío, lluvia o viento, y aquellos que se acercan desde los suburbios de las grandes ciudades, donde se desdibuja la frontera entre lo rural y lo urbano. Docentes itinerantes que recorren el interior de la provincia para asegurar que niños y jóvenes cumplan con la escolaridad obligatoria. Maestros que coordinan en un mismo salón a alumnos de diferentes edades, ciclos y niveles. Esta suma de voluntades caracteriza hoy a la educación rural.
Sin embargo, a pesar del esfuerzo de quienes forman parte de estas escuelas de campo, se registran una serie de inconvenientes que llenan de incertidumbre a los miembros de la comunidad educativa, alumnos y padres. Déficit en la infraestructura de los establecimientos, falta de equipamiento y material didáctico, ausencia de servicios básicos, la necesidad de debatir algunos ejes del currículum, de reconocer cargos a los docentes y de mejorar su situación salarial, son algunos de los puntos que generan este contexto.
Silvina Santochi, es profesora de plástica y delegada del agrupamiento Nº 44 de Uranga que atiende a 11 escuelas de campo de los alrededores de esa localidad, y sostiene que en la actualidad “los docentes que todavía trabajan como itinerantes en la educación rural no saben con exactitud cómo van a continuar con sus trabajos en los próximos años”. El problema que se plantea es, además de los mencionados anteriormente, la pérdida de matrícula en la mayoría de los establecimientos. Por ello, se busca generar condiciones para que los alumnos completen la Educación Básica en la zona en la que viven y asegurar competencias en el nivel Polimodal que favorezcan la inserción laboral de los mismos.
Lugar de referencia
A pesar de las desventajas que tienen maestros y alumnos rurales, la escuela sigue siendo un lugar de referencia para la comunidad a la que pertenece, de hecho en muchos casos es la única institución oficial en la zona o donde se asegura un plato de comida diaria para los chicos. Esa realidad favorece la búsqueda de soluciones desde la misma escuela, tanto para optimizar la calidad de los aprendizajes como para impulsar el desarrollo económico y social de la comunidad.
Lo cierto es que la diversidad de situaciones, geográficas, económicas, de composición poblacional, hace imposible una respuesta única a las dificultades de la enseñanza en el medio rural. Desde el gobierno provincial se analizaron algunos estudios y proyectos que se elevaron de los tres agrupamientos de la Regional Sexta y se propuso trasladar a los alumnos a las escuelas secundarias más cercanas al domicilio o, por otro lado, construir escuelas albergues en la zona. “Está última es una propuesta inviable, porque nuestra zona no tiene distancias tan largas y porque no es beneficioso para las familias”, advirtió Santochi, quien agregó, además, que “en este caso muchos chicos quedarían sin escolaridad porque los padres no quieren llevar a sus hijos a escuelas con estas características y tampoco pueden trasladarse hacia los establecimientos urbanos”.
A pesar de estas particularidades, existen proyectos que intentan la superación de estos inconvenientes mediante el fortalecimiento de la vinculación de lo educativo con lo productivo, el énfasis en la formación docente a través de capacitaciones para el trabajo en escuelas rurales, la oferta de cursos a distancia, y la creación de una terminalidad con asignaturas adecuadas. Claro está que la posibilidad de poner en práctica estas alternativas depende de la capacidad de gestión del gobierno provincial y de los actores locales, y de la asignación de presupuesto.
“Nuestra propuesta es continuar con el sistema de itinerancia como se vino haciendo todo este tiempo pero con algunas modificaciones: una terminalidad con talleres en contraturno para la enseñanza de plomería, electricidad o carpintería para que los chicos tengan una salida laboral y una que tenga asignaturas que estén entre la modalidad de bienes y servicios y la modalidad de ciencias naturales”, aclaró la docente. “Además, se implementaría una cantidad de horas igual a una escuela secundaria urbana, con la cantidad de docentes necesarios que se dividirían en agrupamientos para incrementar la frecuencia y para que los alumnos tengan a sus docentes todos los días, con la figura de un directivo y un tutor”.
Por su parte, la Secretaria General de AMSAFE, Sonia Alesso, manifestó la necesidad de poner en discusión la cuestión de las zonas al indicar que “hay que volver a formar una comisión de zona desfavorable porque se debería hacer una nueva evaluación sobre qué se considera perjudicial en este contexto y etapa del país”. “La reglamentación de zona que existe es muy antigua por lo que se debería adecuar a la realidad del presente y realmente tomar en cuenta que por ejemplo muchos docentes rurales no tienen en qué llegar a su trabajo si llueve porque los caminos no son apropiados o que hay niños que viajan de 4 a 5 kilómetros caminando para poder llegar al establecimiento. Hay una serie de cosas que tienen que estar contempladas para que realmente se cumpla la tarea de enseñar y aprender en situaciones dignas”.
Sumado a lo anteriormente dicho, la secretaria general de AMSAFE también cree prioritario “discutir el currículum porque está pensado para las escuelas urbanas y no para las rurales”. Otro punto en discusión es el modelo productivo, porque no puede haber una escuela rural que no esté vinculada al desarrollo productivo local.
Pliegos de reclamos para lo inmediato
Entre las peticiones de los distintos agrupamientos, las cuestiones más apremiantes son: garantizar, de forma inmediata, el 3º año del nivel secundario en el medio rural, la participación real de las bases en la organización del secundario en la ruralidad, nombrar un Coordinador Regional que posea un perfil de mediador entre el grupo de itinerancia y el representante ministerial y renovar los contratos de transportes de los docentes itinerantes.
Por otro lado, se destaca el tratamiento o implementación de la zona desfavorable, la designación de un coordinador pedagógico o directivo que se encargue de la conducción del secundario en la escuela rural, la creación de cargos docentes para las escuelas de personal único, e impulsar una política educativa que atienda y promueva el arraigo de los alumnos en su lugar de desarrollo.